Guillermo Castro H.
Panamá enfrenta una contradicción entre la organización natural de su territorio y la organización territorial de su economía y su Estado del siglo XVI acá. Esa contradicción empezó a tomar forma con la destrucción por los conquistadores europeos de la organización territorial establecida por las sociedades originarias, para dar paso a otra, adecuada a las necesidades de tránsito interoceánico de un mercado mundial entonces naciente.
Antes, el territorio del Istmo había sido organizado por sus pobladores a partir varios corredores interoceánicos que permitían el intercambio de bienes provenientes de los ecosistemas de las vertientes del Istmo en el Atlántico, y las regiones de clima monzónico del Pacífico. Los conquistadores, en cambio, establecieron un monopolio del tránsito por el valle del río Chagres, protegido por una frontera interior que aislaba el litoral Pacífico Occidental del Atlántico y Darién, y sostenido por un corredor agropecuario que iba de Chepo a Chiriquí.
Con esto, una circunstancia natural fue aprovechada para atender necesidades económicas y geopolíticas del mercado mundial, y no debido a una “vocación de servicio” determinada por la posición geográfica del Istmo, como lo entiende la cultura dominante entre nosotros.
Esa organización territorial alcanzó su forma más extrema con la construcción del Canal de Panamá dentro de una Zona administrado por el Gobierno de los Estados Unidos. Esto desarticuló el ordenamiento del territorio, y exacerbó las contradicciones derivadas de la subordinación de los intereses del país entero a las necesidades del Corredor Interoceánico. Para inicios del siglo XXI, la integración del Canal a nuestra economía interna país llevó a los límites de su funcionalidad el ordenamiento territorial del siglo XVI.
Esto se viene expresando en iniciativas como la construcción del oleoducto y la carretera transístmica de Occidente; el mejoramiento de la vía de Penonomé a la cuenca del río Coclé del Norte, y la construcción del tercer puente sobre el Canal en el Atlántico, que fueron ampliando el potencial de la conectividad interoceánica del país. Estos estos cambios podrán resultar muy destructivos si no trascienden la crisis de la organización territorial vigente, o podrán ofrecer nuevas opciones de desarrollo al país si logran trascenderla.
En el primer caso cabrá esperar la explotación extensiva de las ventajas naturales comparativas del Atlántico y Darién. En el segundo, cabría fomentar el aprovechamiento intensivo de ventajas competitivas como la abundancia de agua y biodiversidad del Atlántico y Darién, mediante el fomento del desarrollo humano de sus pobladores, que hoy se cuentan entre los más pobres del país.
Nuestro gran desafío socio-ambiental consiste en establecer una relación mucho más armónica entre nuestra vida social y política, la estructura natural del Istmo, y la organización territorial de nuestro Estado y nuestra economía. Esto tendrá éxito si trabajamos con la naturaleza y no contra ella, para enriquecer la convivencia social y el buen vivir de los panameños. Bien lo dijo José Martí: “Toda gran verdad política es una gran verdad natural.”[1]
[1] Cuadernos de Apuntes, 18 (1894). Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. XXI, 381.
